Una ex funcionaria, identificada como Rocío Beltrán Sánchez, está siendo señalada de recibir sobornos por más de 5 millones de pesos para autorizar la construcción de más de 2 mil “micro-casitas” para la población, con medidas que apenas llegan a los 4 metros cuadrados de frente por 12 metros de largo.
Dichas viviendas apenas tienen considerado un cuarto de dos metros por tres, una sala de tres metros por tres, una “cocineta” en un pasillo de un metro y medio por un metro, así como un baño de un metro cuadrado por dos. El inodoro se encuentra tan pegado a la pared, que es casi imposible que una persona promedio se siente sin que sus rodillas topen con el lavabo, por lo que es necesario realizar las necesidades “de lado”, con los pies en la regada que se encuentra justo a un costado.
Así son las nuevas casas que se están ofreciendo gracias a esta funcionaria que está siendo apodada como “Lady Moches”. Cabe destacar que Playa del Carmen es una de las ciudades que mayor demanda de vivienda registra en México debido a la actividad turística relacionada con la Riviera Maya, la cual se ha visto potenciada con el proyecto del Tren Maya.
En entrevista con Informado Caribe, Marciano Toledo Sánchez, regidor de municipio de Solidaridad, Quintana Roo, aseguró que pedirá que se investiguen las circunstancias en la que renunció Rocío Beltrán Sánchez a su cargo como secretaria de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Solidaridad el pasado 12 de noviembre. apenas días después que autorizara, sin pasar por cabildo, la construcción de estas micro-casas, las cuales están siendo ofertadas como un desarrollo para aprovechar el Tren Maya, aunque no tiene nada que ver con el Gobierno Federal.
“No nos enteramos de nada. Se supone que todo desarrollo urbano deb pasar primero por aprobación de los regidores, cuando de repente nos enteramos por unos vecinos de que están construyendo un nuevo fraccionamiento llamado Alta Homes. Cuando fuimos a investigar nos enteramos de que Rocío Beltrán se los había autorizado, sin nuestras firmas, renunciando después para que nadie le exija cuentas”, declaró.
El concejal de Movimiento Ciudadano señaló que cuentan con pruebas de que la ahora ex funcionaria recibió un soborno de 5 millones pesos para la firma de este documento, el que ella sabría que era injustificable e indefendible, razón por la que renunció en cuanto incurrió en este presunto acto de corrupción.
La empresa que recibió el permiso Atta Homes, ya inició los trabajos de construcción en esa zona, pese a que Cabildo todavía desconoce si cumplió con los permisos y normas de ley. Extrañamente la “casa muestra” reveló que en la vivienda apenas puede vivir una persona, pues en el cuarto no cabe siquiera una cama de tamaño King Size.
Y estas viviendas se están ofertando en 1.8 millones de pesos.
No se trata de la única acción cuestionable de la hoy ex secretaria, pues en Playacar existe la queja de habitantes de que permitió que se superara la densidad máxima permitida, para así construir más viviendas. Para esto recibió otro soborno de casi 2 millones de pesos.
Incluso se le relaciona con el grupo de estafadores que están vendiendo lotes falsos en Playa del Carrmen, un tema del cual hablamos en el siguiente video:
Ante ello, indicó que solicitarán una auditoría en esa dependencia, para que se revisen los permisos en ambos casos y que se investigue si hay más irregularidades. Sin embargo la ex funcionaria, perteneciente al gobierno panista de Lili Campos Miranda, se encuentra fuera del país, según declararon sus familiares.
Indicó que hasta el momento, añadió, Cabildo no tenido acercamientos con el nuevo secretario, Carlos Ríos Castellanos, quien fue nombrado en su lugar y a quien ni siquiera les ha sido presentado.
Cabe recordar que, previo a su renuncia, el síndico municipal, Adrián Pérez Vela, había acusado a la funcionaria de opacidad e incluso de ineptitud, por haberse reunido en secreto con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para ver el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Aventuras, sin informar al Cabildo de los resultados de ese encuentro, pese a las peticiones para transparentar este hecho.
También se negó a investigar la efectividad del sistema de parquímetros recién instalado, prefiriendo que fuera la concesionaria quien se autoevaluara.
“Imagina nuestra sorpresa cuando la supuesta funcionaria que debía de trabajar para beneficio de la ciudadanía, comprobando que los parquímetros no incurran en abusos en contra de automovilistas, simplemente le dio la oportunidad a la empresa para que se calificara a sí misma con excelencia”; declaró el síndico.
Por este hecho se presume que recibió otro millonario moche, considerando que el negocio de los parquímetros en Playa del Carmen genera más de 400 millones de pesos anuales en ganancias cada año.