Michoacán.- Habitantes de la zona de Tierra Caliente advirtieron al Gobierno Federal que van a levantarse en armas en contra del crimen organizado, debido a que ahora no sólo les cobran derecho de piso, sino que también se están llevando a las hijas adolescentes y les cobran “un extra” por los servicios de luz, internet y agua potable.
“Ya estamos hasta la madre. Ni la policía municipal ni estatatal, ni el ejército quiere meterse a defendernos. Prácticamente nos dejaron abandonados y a merced del narco. Por eso vamos a empezar a matar criminales y esperamos que nos den un salvo-conducto por esto, para que ningún ciudadano que defiende sus tierras o a sus familias termine en la cárcel”, dijo don Gabriel Soto González, líder de los recién nombrados autodefensas de Buenavista, para este portal, Informado Caribe.
A finales de diciembre pasado vecinos de los municipios de Tepalcatepec y Buenavista realizaron bloqueos carreteros para exigir la prescencia de la Guardia Nacional y del Ejército, luego de que integrantes del CJNG y los “Templarios” comenzaran a aplicarles un nuevo cobro: ahora tendrán que pagarles el 30% de sus ingresos familiares (antes les cobraban una cuota fija de entre mil 400 a 3 mil pesos), además de que se están llevando a las jovencitas de entre 13 a 20 años para usarlas como sus esclavas o en el negocio de trata de la CDMX.
“Por eso tuve que mandar a mi hija a vivir con sus tíos en Veracruz. Y así muchos más han comenzado a romper sus familias para tenerlos a salvo”, declaró don Fidencio Castillo, habitante de Tepalcatepec, en entrevista telefónica para Informado Caribe.
No es un hecho nuevo: de hecho el INEGI reveló que la población jóven de esta zona ha disminuido un 45% en los últimos seis años, y esto se debe a que son obligados a formar parte de los carteles o porque huyeron del Estado.
El control del narco sobre el Internet en Michoacán.
De acuerdo con un reporte de las autoridades de Seguridad Pública de noviembre de 2023, se ha descubierto que el crimen organizado se ha apropiado de las antenas de la zona para ser usadas con fines comerciales presuntamente por Los Viagras, además de tumbar las antenas de las empresas que ofrecían el servicio en la zona para obligar a los pobladores las suyas, por un costo de 3 mil pesos mensuales. Esto provocó que varias de estas regiones queden incomunicadas.
Por su parte el CGJN ha organizado cuadrillas que se apoderan de las estaciones de la CFE. Si una comunidad desea continuar con el servicio, debe pagar un precio de mil pesos por cada hogar. Si no cumplen con la cuota a final de cada mes les cortan la electricidad y no se las devuelven hasta que tengan la cuota completa.
Claro que los usuarios aún deberán pagar el recibo de la luz a la Comisión Federal de Electricidad. En muchos casos un hogar promedio paga 300 pesos por su consumo de energía, más mil pesos por “cuota”. El mimo modus operandi se aplica en el servicio de agua potable.
Ni la CFE ni los trabajadores de Agua Potable ni de Internet han intervenido en este condlicto. El reporte oficial detalla que en el 2023 se registraron 89 denuncias donde criminales incluso amenazaban de muerte a los trabajadores de estas empresas para que no pudieran entrar a la zona de Tierra Caliente a regularizar el servicio.
Se levantarán en armas.
A pesar de esta situación desesperante en la que viven cerca de 1.5 millones de personas, las autoridades de los tres niveles de gobierno han reducido en un 70% la prescencia de los elementos de las fuerzas del orden en la región. Esto luego de una “purga” iniciada por los criminales en contra de policías y militares que culminó con la muerte de 762 elementos entre 2016 y 2021.
Por este motivo no sorprende que hayan surgido más grupos de auto-defensas en el último año. El Gobierno de Michoacán estima que han contabilizado más de 102 grupos, que actualmente operan separados, pero comienzan a unirse por un bien común: acabar con la delincuencia organizada.
Hasta el momento no han mencionado cuándo iniciará esta “purga”, pero elementos de los retenes fronterizos de Michoacán han decomisado 2 mil 400 armas intentando entrar al Estado. Las investigaciones revelaron que no estaban destinadas para los carteles, sino para los ciudadanos comunes.
87 personas han sido arrestadas por este contrabando de fusiles, pistolas, escopetas y balas. Los vecinos de las comunidades han exigido su liberación al asegurar que son personas que fueron contratadas para comenzar a armar a la población.
Y con los recientes hechos del Estado de México y Chiapas, donde poblaciones enteras se han unido para masacrar a los criminales que los abruman con derechos de piso y humillaciones, estas personas están acumulando valor para comenzar una revuelta.