La comunidad maya de Ixil, ubicada en el municipio homónimo, logró la clausura del megaproyecto inmobiliario Cedrón, desarrollado por Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos en Yucatán.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura el 28 de noviembre después de la denuncia por daños al territorio ancestral y medio ambiente.
Sin embargo, denunciaron que las empresas siguen ingresando trabajadores, violando los sellos de clausura. Solicitan a los inspectores de Profepa un seguimiento adecuado para hacer cumplir la clausura.
“El desarrollo Cedrón está vendiendo lotes y deforestando un área forestal sumamente cercana a Ixil, lo que supone riesgos graves para nuestra subsistencia, dado que nuestra comunidad depende de la agricultura tradicional maya, la cual requiere la conservación de amplias áreas de selva para funcionar y es incompatible con la deforestación de áreas extensas”, denunció la comunidad.
¿Qué es Ixil?
Ixil, es una localidad ubicada aproximadamente 45 kilómetros al noreste de Mérida, donde acusan que el proyecto inmobiliario ya ha vendido casi todos los lotes de la primera etapa, que “cuenta con un total de 490 lotes residenciales que van desde los 160 m2 hasta los 572 m2”.
La comunidad denunció que el proyecto inmobiliario también aumenta el riesgo de inundación de su pueblo, que en el año 2020 sufrió serias inundaciones, pérdidas de cosechas, animales domésticos, y sus inmuebles.
Te recomendamos el siguiente video donde explicamos el enfrentamiento entre los campesinos y la inmobiliaria que intenta despojarlos:
“Sabemos que la deforestación aumenta gravemente la vulnerabilidad de nuestra comunidad ante huracanes y tormentas tropicales, los cuales serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático”.
Asimismo, indicaron que el megaproyecto Cedrón no es el único que está afectando negativamente a Ixil; acusan que las familias Abimerhi y Millet pretenden apropiarse de 350 hectáreas al norte de la comunidad, en un área distinta al megaproyecto Cedrón, el cual se ubica al oriente de Ixil.
“Este despojo se intenta consumar a través de una orden de aseguramiento emitida de manera ilegal por la Fiscalía General del Estado (FGE), y del hostigamiento permanente a la comunidad por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.
A través de un comunicado, la comunidad de Ixil denunció la malversación de recursos públicos estatales en beneficio del intento de estas dos familias de apropiarse de estas tierras.
“La comunidad sustenta dicha afirmación en un informe remitido el 4 de diciembre por el Oficial Responsable de Grupo Dorados y UERCOF a la Dirección Jurídica de la SSP, en el que describe la vigilancia y hostigamiento continuo de la comunidad”.
Señalaron que la policía ha implementado onerosos operativos en la comunidad desde el 17 de agosto, para intimidar y hostigar a la población de Ixil e interferir en sus actividades productivas.
“La presencia permanente de tres Unidades Policiales y ocho elementos de tropa pertenecientes a tres grupos policiales diferentes no tiene ninguna relación con la seguridad pública, y beneficia únicamente los intereses privados de las familias Abimerhi y Millet, con gran costo para el erario público”.
“A modo de comparación, la suma total dedicada a Ixil por el gobierno de Yucatán en el marco del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER) en 2022 fue de 244 mil pesos, una suma mínima frente a lo gastado en hostigar a los campesinos de Ixil”.
Acusan que el hostigamiento a la comunidad va más allá de la presencia policial, ya que frandes camionetas blancas sin placas, así como automóviles sin placas, circulan por Ixil con total impunidad, transportando a personas ajenas a la comunidad que colaboran con las unidades policiales.
Señalan que las familias Abimerhi y Millet tienen fuertes vínculos políticos y empresariales con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda.
“El gobernador Mauricio Vila promueve Yucatán como “paraíso” inmobiliario sobre la base de despojo, agresiones y violaciones de derechos de las comunidades, para, aumentar las ganancias de una élite empresarial con la que mantiene fuertes vínculos”, acusaron.