Un escándalo de corrupción inmobiliario en el que se encuentran involucradas autoridades de la administración de Carlos Joaquín González está poniendo en riesgo la certeza jurídica de fraccionamientos de alta plusvalía, construidos en los últimos diez años en el ejido Alfredo V. Bonfil
Ejidatarios de esta demarcación acudieron este día al inicio del proceso en contra de la Inmobiliaria “Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo, S.A. de C.V.”, por un presunto fraude de más de 3 mil millones de pesos por la evasión de impuestos, y que ha provocado el embargo por parte de la Servicio de Administración Tributaria.
Los quejosos expusieron que desde noviembre pasado presentaron una demanda en contra de esta empresa, pero no fue sino hasta hoy cuando fueron citados para iniciar el procedimiento.
Armando Ortega Gómez, representante de los afectados, explicó que en 2004 se creó esta sociedad como una forma de explotar 2 mil 168 hectáreas del ejido para su uso inmobiliario, lo que corresponde a casi el 10% de todas las tierras ejidales.
En julio de 2018 fue reconfigurada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para incluir a la Agencia de proyectos Estratégicos (Agepro) como socio minoritario e integrante del Consejo de Administración de la empresa. Pero desde entonces se detectaron irregularidades, como venta de tierras a sobreprecio y la negativa de devolver al ejido 100 hectáreas que les pertenecen.
El 14 de enero de 2020 se debió de realizar, ante el notario público número 120, la firma de protocolo para la transición de las hectáreas señaladas, pero la Agepro no acudió a la cita, así como tampoco Marcos Alemán Torres, quien preside Bonfil Nueva Alternativa.
Ésta es la razón por la que decidieron notificar y demandar esta situación ante el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Chetumal, pues señalan que Marcos Alemán se ha negado a darles cualquier tipo de información sobre la situación de la empresa, sobre todo porque los ejidatarios ya fueron notificados por el SAT que sus tierras fueron embargadas, tras detectar que durante estos años no han pagado impuestos.
“Por eso ante la Fiscalía General del Estado se presentó una denuncia por fraude en contra de inmobiliaria, su presidente Marcos Alemán, y el ex titular de la Agepro, Eduardo Ortiz Jasso, ya que la compañía tiene una deuda de casi 3 mil millones de pesos con las autoridades tributarios por evasión de impuestos”, puntualiza.
“Resulta que durante todo este tiempo la compañía nos cobró a nosotros el pago de los impuestos, pero nunca se lo depositó a al SAT. Y la Agepro lo sabía, porque tenía que estar enterada de cada transacción, pero no dijo nada, lo que quiere decir que estaban coludidos. El ex funcionario nunca quiso decirnos dónde terminó ese dinero producto de cada transacción inmobiliaria en la que estuvo involucrada el ejido”, detalló.
Ahora la notificación de este problema tributario ha recaído en el ejido Bonfileño.
Los ejidatarios buscan recuperar sus terrenos y parar todas las ventas de tierra, a fin de que las firmas de posesión sean firmadas no sólo por el Consejo de Administración y la Agepro, como hasta ahora sucede, sino para que también se incluya al Ejido Bonfil.
También reclaman una auditoría para identificar el desfalco del dinero que ha ingresado a la inmobiliaria.
Mencionaron que el embargo del SAT tiene como objetivo no sólo las tierras que aún le quedan a los ejidatarios, sino aquellas que fueron protagonistas de las transacciones por las cuales no se pagaron impuestos, entre las que se incluyen aquellas donde se han construido fraccionamientos de alta plusvalía.